De conformidad con lo previsto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto de Ordenanza reguladora de los precios públicos por la prestación de servicios, se solicita la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma.